Campesinos de Colombia se movilizan ante nueva amenaza de grupos armados ilegales

Más de 1200 integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), organización galardonada con el Premio Right Livelihood en 1990, se reunieron el fin de semana pasado para expresar su rechazo a la reciente incursión de grupos armados ilegales en su territorio. Días antes, la organización campesina había denunciado que un grupo denominado “autodefensas nueva generación” ingresó a la comunidad de La India, en el departamento Santander, en el centro de Colombia, con el propósito de controlar el microtráfico de drogas en la zona. Tras negar colaboración, autoridades de la ATCC fueron amenazadas de muerte. 

“No se trata sólo de líderes, la comunidad está organizada y nos defendemos entre nosotros”, aseguró Luis Fernando Serna, actual presidente de la asociación de trabajadores con más de 30 años de historia en los procesos de paz de la región.

En 1990, tres líderes de la ATCC fueron asesinados a tiros por paramilitares colombianos. El objetivo era desmantelar el proceso de paz comunitario que los campesinos habían iniciado tres años antes para poner fin a las violaciones de derechos humanos por parte de actores armados ilegales. Mostrando su determinación para acabar con la violencia, al día siguiente de la matanza, la organización eligió nuevos representantes y continuó el proceso. Ese mismo año, la ATCC recibió el Premio Right Livelihood por su destacado compromiso con la paz, la familia y la comunidad en medio de la violencia extrema.

“Hemos logrado mantener el proceso de paz durante muchísimos años”, dijo Luis Fernando Serna, en entrevista con Right Livelihood. “Hasta que el pasado 2 de abril, un grupo de hombres armados llegó diciendo que desde ese momento tomaban la región para controlar el negocio del microtráfico”.

El microtráfico es la distribución y comercialización de drogas ilegales a pequeña escala, fenómeno que promueve su consumo e instrumentaliza a los pobladores locales, principalmente jóvenes, para la venta dentro de las comunidades.

La reacción de la ATCC no se hizo esperar. A los pocos días, 500 personas se reunieron para evaluar la situación y acordar los próximos pasos. La decisión fue convocar a una gran manifestación que dejara en claro el rechazo de la población a la convivencia con estructuras criminales. La multitudinaria asamblea tuvo lugar el 15 de abril e incluyó una simbólica suelta de globos blancos por el mantenimiento de la paz en la región.

“La llegada del Presidente Gustavo Petro al poder en 2022 lógicamente ha sido una amenaza para sus contrincantes”, explicó Serna. “La derecha Colombiana no quiere la continuidad de este gobierno. Entonces todos estos movimientos y organizaciones criminales son intentos de copar los territorios para tener poder persuasivo sobre las comunidades. Quieren incendiar el país para hacer ver a este gobierno como inepto, como que no pudo, como que la situación le quedó grande”. 

Serna reconoce que el área de influencia de la ATCC, en el departamento de Santander, no es el único sitio donde se dan estas incursiones. “Por todos lados se están metiendo. Pero acá saben que hay una historia. Hay una imagen que ellos tienen de esta comunidad que siempre se ha parado en la raya. Además, el reconocimiento que nos hizo Right Livelihood es verdaderamente significativo”.

Campesinos de #Colombia en alerta ante nueva incursión de grupos armados ilegales en su territorio.

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, reconocida con el Premio #RightLivelihood, ratificó el camino de paz y diálogo iniciado hace 37 años ➡️https://t.co/bW4aTx9i9j pic.twitter.com/O7yPhmU5P4

— Right Livelihood (@rightlivelihood) May 3, 2024

La ATCC se creó en 1987 como forma de organizar la resistencia comunitaria ante las continuas violaciones a los derechos humanos cometidas por los actores armados. Desde la década de 1970, en la región del Carare se han producido homicidios selectivos, masacres, torturas, desapariciones forzadas, reclutamiento ilegal de menores, persecución y amenazas, destrucción de bienes materiales individuales y colectivos, restricción a la movilidad a través de retenes y puestos de control, entre otras vulneraciones.

“No queremos repetir una historia tan trágica y tan triste como la que hemos vivido porque los muertos van a volver a ser nuestros. Entonces lo único que nos queda es la comunidad y tratar de hacer lo que siempre hemos hecho, organizarnos y sostener la paz”, dijo Serna. El líder de la ATCC aseguró que se realizaron las denuncias policiales y judiciales correspondientes y que mantuvieron reuniones con las autoridades locales “para advertirles que no se repita lo de siempre: que ciertos sectores del estado se amangualan con estos grupos para obtener ventajas y beneficios”.

La ATCC integra actualmente a más de 8 000 personas que se dedican principalmente a la pequeña agricultura. En seis municipios del departamento de Santander, la organización campesina es sujeto de reparación colectiva en el proceso de reconocimiento del daño hacia las víctimas del conflicto armado interno que lleva adelante el Estado colombiano. Las actuales amenazas denunciadas por la ATCC revictimizan a las comunidades y someten a sus miembros al riesgo de repetición de los dramáticos acontecimientos del pasado.