Right Livelihood, RIDH, CCPR, CIJ, WOLA condenan el nuevo nombramiento de María Consuelo Porras como Fiscal General de Guatemala, que constituye una oportunidad perdida para que Guatemala fortalezca los derechos humanos y la justicia. La comisión de postulación no garantizó un proceso justo para seleccionar a una persona con alta integridad y capacidad con formación y calificaciones apropiadas, como lo requieren las Directrices de la ONU sobre la función de los fiscales. Creemos que el nombramiento de la Sra. Porras es una prueba de la falta de transparencia y de los conflictos de intereses a los que se enfrentan las instituciones de Guatemala.
Mientras que los laureados “Right Livelihood” Thelma Aldana e Iván Velásquez habían demostrado, durante sus respectivos mandatos como Fiscal General y Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que el sistema de justicia local puede ser eficaz en la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel y violaciones de los derechos humanos, los avances logrados fueron de hecho desmantelados durante el mandato de la Sra. Porras. Después de aceptar tácitamente el cierre de la CICIG, que había sido fundamental en la persecución de casos de corrupción que involucraban a funcionarios del gobierno y al ex presidente Pérez Molina, ella tuvo un comportamiento inapropiado y ofensivo, acosando y criminalizando a los operadores de justicia que han tenido un papel clave en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Es lamentable que, hasta el día de hoy, muchos de los ex funcionarios de la CICIG sean también criminalizados o discriminados, al no poder encontrar otro empleo por su pasada labor anticorrupción. También condenamos que, en julio de 2021, la Sra. Porras destituyera al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, que había llevado a la justicia casos de corrupción a gran escala, en un intento de debilitar a la Fiscalía.
A lo largo de los últimos cuatro años, en lugar de cumplir con su responsabilidad profesional de administrar justicia con equidad, Consuelo Porras no sólo apoyó el desmantelamiento de las instituciones judiciales, sino que bloqueó sistemáticamente cualquier investigación de corrupción que involucrara al presidente Giammattei. Apoyada por actores sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como la Fundación contra el Terrorismo, Porras ha utilizado su posición para perseguir a operadores de justicia independientes, líderes comunitarios, periodistas y defensores de derechos humanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra las redes de corrupción.
A lo largo de 2020 y 2021, varios operadores de justicia fueron acusados de delitos evidentemente relacionados con su participación en el trabajo anticorrupción. En marzo de 2022, la exjueza Erika Lorena Aifán anunció que abandonaba el país tras enfrentarse a más de 20 denuncias judiciales por supuesta “extralimitación” en sus funciones en una investigación sobre posibles irregularidades en la campaña del presidente Giammattei. Es una de los 24 ex operadores de justicia independientes guatemaltecos que se han visto obligados a huir del país por amenazas de represalias por su trabajo. Existe un alto riesgo de que este número siga aumentando en los próximos años, especialmente para aquellos que investigan casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Situaciones similares afrontan hoy jueces independientes como la jueza Yassmin Barrios, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul. Xitumul se encuentra actualmente bajo investigación después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una decisión el 16 de marzo de 2022 despojándolo de su inmunidad funcional. El juez Miguel Ángel Gálvez está siendo atacado y amenazado por sus recientes declaraciones en el caso “Diario Militar”, en el que se investigaron violaciones de derechos humanos contra al menos 183 personas que fueron víctimas de la represión durante el conflicto armado interno de 1983-1985.
Muchos guatemaltecos todavía se enfrentan a la realidad diaria de la violencia y la extorsión de los grupos criminales, cuyos crímenes a menudo quedan sin explicar. El trabajo de la Sra. Porras forma parte de una tendencia más amplia y preocupante de represión contra los periodistas independientes y los defensores de los derechos humanos. En 2020, Guatemala aprobó la ley 5257, que permite a las autoridades cerrar ONG a su discreción, por no cumplir los requisitos administrativos. Esta ley restringe drásticamente el espacio cívico y supone un alto riesgo para los activistas de derechos humanos y para la propia democracia.
La elección de un nuevo Fiscal General podría haber sido una oportunidad para mostrar al mundo que Guatemala está comprometida con la justicia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. En lugar de ello, el presidente Giammattei optó una vez más por ignorar las obligaciones internacionales de Guatemala en materia de derechos humanos. Las organizaciones firmantes están profundamente preocupadas porque la persecución de los operadores de justicia, líderes comunitarios, activistas de derechos humanos y periodistas continuará y se incrementará en los próximos años.
Por lo tanto, hacemos un llamado al Gobierno de Guatemala y al Presidente Giamattei en particular, a respetar los estándares internacionales para preservar la independencia e imparcialidad del poder judicial guatemalteco y de la fiscalía. Por último, hacemos un llamamiento a los organismos de derechos humanos pertinentes de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos para que mantengan a Guatemala bajo un estrecho escrutinio y proporcionen la supervisión y la asistencia necesarias.