La llegada de la extrema derecha a la Argentina trae consigo enormes retrocesos en materia social, cultural, económica y política. El panorama es igualmente desalentador para el ambiente. Medidas que reducen la protección y promueven el saqueo de los bienes comunes se imponen en un contexto que ya se encontraba en estado crítico.
El biólogo y ambientalista argentino galardonado con el Premio Right Livelihood, Raúl Montenegro, describe cómo el nuevo gobierno nacional agrava drásticamente una situación ambiental de por sí alarmante y destruye importante legislación construida durante largos procesos de participación ciudadana.
“Muchísimas de las políticas que trata de mostrar Javier Milei tienen un fuerte paralelo con las de Donald Trump en Estados Unidos y con las de Jair Bolsonaro en Brasil”, comparó.
La primera medida del nuevo presidente argentino, el neoliberal Javier Milei, tomada el mismo día de su asunción, el 10 de diciembre pasado, fue la reestructuración del Estado. Los ministerios nacionales pasaron de 18 a 9, siendo Ambiente una de las áreas que perdió el rango de ministerio para pasar a ser apenas una subsecretaría. Esta pérdida de jerarquía, sin embargo, no es lo que más le inquieta a Raúl Montenegro, fundador y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, una ONG que durante más de 40 años ha acompañado diversas agrupaciones vecinales organizadas para proteger su entorno.
“Sí, teníamos un Ministerio de Ambiente, pero uno en donde el agronegocio y todo lo relacionado con la megaminería eran prácticamente políticas de Estado”, afirma Montenegro para relativizar el rol que ha jugado el organismo estatal en la protección ambiental. Históricamente, sin importar de qué partido político o tendencia ideológica fueran los gobiernos de turno, el ministerio de ambiente de la nación nunca estuvo encabezado por personas formadas, experimentadas o preocupadas en la cuestión.
“No analicemos las diferencias. Veamos en qué coincidieron las gestiones de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Mauricio Macri”, propone Montenegro mencionando los presidentes de los últimos 20 años antes de la llegada de la extrema derecha que ahora está en funciones. “Eran políticas de Estado la megaminería y el agronegocio, sin contar que también fueron pronucleares absolutamente todos. Entonces hay que aclarar esto: no es que se pasa de un país ambientalmente feliz a una catástrofe. Ya era de gravedad antes. Y ahora se transforma en una situación dramática”.
Argentina's right-wing government nears 100 days in power. The impact on the environment and its people?
— Right Livelihood (@rightlivelihood) March 14, 2024
"What was serious before now becomes catastrophic," warns #RightLivelihood Laureate Raúl Montenegro.
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Milei llevaba 10 días de gobierno cuando el 20 de diciembre, vía cadena nacional, lanzó el DNU (decreto de necesidad y urgencia) 70/2023. Un texto de de 300 páginas y 366 artículos que modifica y deroga legislación vigente sobre variados temas, la mayoría, ni necesarios ni urgentes. Pese a la generalizada acusación hacia el ejecutivo por haberse excedido en sus facultades y avasallado al parlamento al atribuirse sus funciones, pese a que la norma está judicializada en varios de sus capítulos, pese a las protestas espontáneas por parte de la sociedad civil y a las protestas organizadas por parte de las confederaciones de trabajadores, pese a que una comisión bicameral legislativa podría expedirse rechazando la medida, la norma actualmente está vigente.
En materia ambiental, la principal derogación es a la llamada Ley de Tierras que ponía límites a la titularidad y posesión de superficies de suelo por parte de personas o corporaciones extranjeras. “Eso ha sido directamente eliminado como legislación y ha generado importantes movilizaciones de numerosas organizaciones, particularmente de comunidades indígenas, porque van a ser las más afectadas”, destacó Montenegro, que en 2004 recibió el Premio Right Livelihood justamente “por su destacado trabajo con las comunidades locales y los pueblos indígenas para proteger el medio ambiente y los recursos naturales”.
Días después de presentado el DNU, Milei envío al parlamento el proyecto de Ley Ómnibus – como se conoce a los textos legislativos que contienen múltiples reformas que se tratan en simultáneo – y mediante un nuevo decreto convocó al Congreso a sesiones extraordinarias, es decir, fuera de su período normal de funcionamiento – que regularmente es entre marzo y diciembre – para que dé tratamiento a los 664 artículos contenidos en ese paquete.
La ley de Glaciares, la Ley de Bosques, la Ley sobre Quemas, la Ley de Semillas y la Ley de Pesca eran las principales normas de protección ambiental que este paquete pretendía modificar. El debate el proyecto en la Cámara de Diputados estuvo acompañado de fuertes movilizaciones sociales y una desmedida presencia de fuerzas de seguridad, que además llegaron a utilizar balas de goma y gases lacrimógenos, incluso contra jubilados y periodistas. “Un elemento que no es menor es que este gobierno sabe que la sociedad va a terminar reaccionando como lo está haciendo en este momento. Entonces ha montado un salvaje sistema de represión para criminalizar la protesta social”, agregó Montenegro, quien también es profesor en la Universidad Nacional de Córdoba.
Luego del tratamiento en comisiones y el debate durante tres días en la Cámara de Diputados, el proyecto consiguió la aprobación general por una mayoría de legisladores. Sin embargo, se frustró días más tarde por la falta de votos suficientes para aprobar en particular cada uno de los artículos allí incluidos. En un gesto de clara derrota, los diputados oficialistas hicieron que el proyecto volviera a comisión, con lo cual se cayó la aprobación en general, y todo el proceso volvió a foja cero. Miilei decidió entonces retirar el proyecto del Congreso, prometió avanzar con sus reformas por otras vías, y ahogar financieramente a las provincias en represalia por la falta de aval legislativo de sus representantes.
“Debemos recordar que todo lo que hemos estado viendo son solo pedazos: la ley de semillas, la ley de glaciares, la ley de bosques, la ley de incendios, el reclamo por una ley de humedales que no se aprobará. Se trata de un conjunto de elementos interactuando, aunque no se ven en conjunto, sino en pedacitos”, explicó Montenegro. “El problema con todos estos elementos actuando en simultáneo es la función acumulativa, que no sólo disminuye la biodiversidad sino que también reduce nuestra resistencia al cambio climático”.
Montenegro anticipó que junto su asesor letrado prepara una denuncia penal contra el presidente Milei y los ministros que firmaron el DNU 70/2023, porque al hacerlo han violado el Acuerdo de Escazú, una herramienta de avanzada acordada por los países de América Latina y el Caribe que compromete a los Estados firmantes a no disminuir la protección ambiental por medio de legislación regresiva. El tratado establece también que las decisiones que afectan al ambiente deben tomarse de la mano de la ciudadanía. Argentina ratificó el acuerdo en el año 2020.
“Todas las leyes ambientales que esta gestión pretende modificar han sido resultado de un trabajo parlamentario muy complejo impulsado por la movilización de organizaciones y asambleas que han requerido de un esfuerzo social enorme”, recordó Montenegro y lamentó: “Es un despropósito que ahora tengamos un gobierno en donde las decisiones del Estado estén siempre a favor de las corporaciones y en desmedro de la sociedad y del ambiente en que vivimos. La tarea de la lucha y la resistencia es frenarlo”.
