El ecologista chileno y galardonado con el Premio Right Livelihood, Juan Pablo Orrego Silva, advirtió que los primeros 100 días de la presidencia de José Antonio Kast han acelerado el modelo de explotación y degradación que se arrastra desde hace décadas. Retrocesos en protección ambiental y autorizaciones facilitadas para actividades extractivas marcan las decisiones actuales en materia ambiental en Chile.
“Luna de miel” es el nombre con el que suele llamarse a los primeros 100 días de una nueva administración. En Chile, sin embargo, quienes defienden el medio ambiente afirman que ese romance entre el gobierno y la ciudadanía ni siquiera llegó a comenzar.
“Hay un frenesí extractivista como nunca antes”, señaló Orrego al referirse a los primeros meses del mandato de Kast.
El nuevo presidente de Chile asumió el cargo el 11 de marzo pasado y, menos de una semana después, anunció la derogación de 48 decretos aprobados por la administración precedente. Cuarenta y tres de ellos correspondían a medidas ambientales. La decisión provocó denuncias y protestas en las calles. Aun así, el gobierno ha mostrado pocas señales de modificar su rumbo.
Las derogaciones afectan áreas protegidas, normativas sobre biodiversidad, instrumentos de adaptación climática, estándares de contaminación y regulaciones ambientales desarrolladas a lo largo de años de trabajo técnico y de procesos de consulta pública.
“La ofensiva es completamente regresiva”, afirmó Orrego, quien recibió el Premio Right Livelihood en 1998 “por su valentía personal, espíritu de sacrificio y perseverancia en favor del desarrollo sostenible en Chile”. Casi tres décadas después, Orrego continúa trabajando en primera línea desde la ONG Ecosistemas.
Con una larga trayectoria de trabajo sostenido, la organización Chile Sustentable, compañera de Ecosistemas, acaba de publicar un informe sobre los primeros 100 días de Kast en materia ambiental. El documento sostiene que la retirada de estas medidas paralizó instrumentos clave destinados a enfrentar la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el cambio climático, al tiempo que generó incertidumbre respecto de la gobernanza ambiental y la participación pública. El informe destaca que muchas de estas regulaciones fueron desarrolladas a lo largo de más de una década, como resultado de años de investigación científica, consultas públicas y apoyo partidario transversal.
El documento también expresa preocupación por iniciativas legislativas destinadas a acelerar proyectos de inversión, simplificar los procedimientos de autorización ambiental y reducir las posibilidades de que las comunidades cuestionen decisiones que afectan sus territorios. Concluye que muchos de los cambios propuestos priorizan la simplificación regulatoria por encima de las salvaguardas ambientales.
Un modelo más amplio
Orrego identificó cuatro industrias como las principales responsables del impacto en los ecosistemas chilenos durante las últimas décadas: la gran minería, la pesca industrial, las extensas plantaciones de pino y eucalipto, junto con los monocultivos agroindustriales, y la industria salmonera. Sin duda, la explotación ambiental no comenzó el pasado mes de marzo. Sin embargo, existe una decisión clara de profundizar esa tendencia destructiva.
Los acontecimientos que se desarrollan en Chile no constituyen un caso aislado. Por el contrario, forman parte de un patrón más profundo que se extiende a numerosos países.
“América Latina y todo el Sur Global siguen atados al extractivismo colonial”, afirmó Orrego.
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“Los recursos se extraen de nuestros territorios para beneficio de otros, mientras que nuestros ecosistemas y las comunidades locales asumen los costos”, señaló Orrego, citando como ejemplo el caso de las megamineras Anglo American, Glencore y Rio Tinto en Chile, principales proveedoras de minerales para la industria armamentística europea.
Cuando la protección ambiental y la participación pública se presentan como obstáculos para el crecimiento y la inversión, no puede haber luna de miel. Al menos, no para la población.
